La Oficina de Ingresos y Admisión, junto a Coordinación de Tratamiento Penitenciario, mantuvo una reunión con autoridades de la Oficina de Asuntos Judiciales D5 para acordar criterios comunes de admisión y avanzar en el descongestionamiento de comisarías.
En un encuentro clave para fortalecer la articulación interinstitucional, referentes de la Oficina de Ingresos y Admisión y de la Oficina de Coordinación de Tratamiento Penitenciario del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se reunieron con los funcionarios de la Oficina de Asuntos Judiciales D5: Comisario Inspector Juan Reinoso, Comisario Flavio Carmona y Suboficial Principal Fabiana Herrera. La reunión tuvo como finalidad unificar criterios de admisión de personas privadas de la libertad (PPL) e intercambiar información actualizada sobre el índice poblacional carcelario.
Durante el encuentro se acordó coordinar acciones con las comisarías de distintas jurisdicciones para avanzar en el proceso de descongestión, atendiendo a la necesidad urgente de aliviar el alojamiento transitorio en dichas dependencias. En este marco, se revisaron los lineamientos del Protocolo de Intervención Primaria e Interdisciplinaria para la Admisión de PPL, haciendo hincapié en el cumplimiento de los horarios institucionales y el respeto de los cupos establecidos.
Uno de los puntos destacados fue la importancia de garantizar la integridad psicofísica de las personas ingresadas, mediante la detección oportuna de factores de riesgo y la planificación de intervenciones adecuadas desde el momento de su admisión. Además, se evaluaron alternativas de corto plazo para enfrentar la situación crítica de sobrepoblación en ambos sistemas.
El Director Interino del SPP, Oficial Perfecto Suárez Carlos, participó del encuentro y reafirmó el compromiso institucional con la aplicación rigurosa de los criterios de admisión, al tiempo que compartió gestiones en curso relacionadas con la ampliación de infraestructura penitenciaria.
Finalmente, se subrayó la necesidad de mantener como eje prioritario el respeto de las garantías y derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, en línea con los principios que rigen el tratamiento penitenciario.
